La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, acusó hoy a la activista defensora de la dictadura militar, Cecilia Pando, de "apología del delito" por los agravios que ayer dirigió contra el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y evaluó como "muy conveniente" la derogación del Código de Justicia Militar, concretada en el Senado. Sobre la derogación del Código de Justicia Militar que sancionó ayer el Senado y que obliga a los miembros de las Fuerzas Armadas a someterse a la justicia ordinaria, Carlotto consideró "un avance muy importante después de 25 años de mandatarios elegidos democráticamente". En declaraciones a Télam, la titular de Abuelas consideró que "todas las medidas de gobiernos no constitucionales deben ser revisadas y puestas en el contexto de una democracia del siglo XXI" y celebró que con la derogación quede también anulada la pena de muerte que establecía el Código. Consultada sobre los agravios que recibió el secretario de Derechos Humanos ayer en Corrientes durante el juicio contra cinco represores por violaciones a los derechos humanos por parte de Pando, Carlotto calificó a la activista como una "persona peligrosa" y pidió a la justicia que "actúe como corresponde". "O está demente (Pando) y debe ser internada o debe ser llevada a los tribunales por apología del delito", dijo Carlotto sobre la conducta de Pando cuando gritaba y amenazaba a Duhalde con el gesto de pasarlo a degüello. Carlotto pidió que la activista defensora del terrorismo de Estado "no tenga privilegios" y se quejó al apuntar que "si esa actitud la tiene un joven integrante de una organización de derechos humanos lo detienen". "Espero que la justicia tome medidas porque no se puede dejar pasar como si nada a una persona que representa a otros en una asociación que se formó defendiendo a los militares", expresó al aludir a la pertenencia de Pando en la agrupación Unión de Promociones.
Por Gabriel Puricelli *En 26 años de elecciones democráticas, nunca un presidente boliviano tuvo que hacerse elegir dos veces. Un ejercicio contrafáctico plausible indica, asimismo, que –de haberse visto en esa situación– ninguno hubiera logrado sobrevivir a un referendo revocatorio, ya que los bajos porcentajes obtenidos al ser electos los hubieran transformado en un blanco sencillísimo. Desde ese punto de vista, la ratificación de Evo Morales es una proeza histórica, aun si los números finales no indicaran, como lo hace el conteo rápido, que el porcentaje alcanzado lo aproxima a una mayoría de dos tercios de los votantes. En una región acostumbrada, a lo largo de dos décadas de normalidad electoral, a que los desafíos de gobernar se devoren el apoyo popular a los presidentes (en especial cuando promedia su mandato), el líder boliviano se destaca con un brillo propio.
Someter su mandato a ratificación fue una opción audaz y autónoma del gobierno del MAS, aunque (y sin que esto signifique paradoja alguna) se puede decir también que se vio obligado a demostrar por segunda vez la legitimidad de éste, frente a una oposición que se ve a sí misma (y en buena medida lo es) como un régimen depuesto destinado a ser restaurado, y no como un futuro gobierno potencial, como debería ser si tuvieran alguna forma de adhesión al ideal democrático.
Combinado con la revocación del mandato de un ex y posible futuro candidato a la presidencia, como Manfred Reyes Villa en Cochabamba, el saldo a favor del MAS y sus aliados es ampliamente positivo. No habría más que decir (no existe otra instancia a la que apelar, en democracia, que no sea el veredicto del soberano), si no fuera porque esa lealtad democrática está ausente en muchos líderes de la oposición, incluidos algunos de los prefectos también ratificados ayer. Ello implica que la ventaja decisiva, pero coyuntural, que el gobierno doblemente legítimo de Bolivia tiene desde ayer, deba ser aprovechada en un plazo brevísimo para cerrar el proceso constituyente y para poder dedicarse a las tareas de reivindicación social de las mayorías y de desarrollo económico que sólo han sido alcanzadas de manera incipiente.
El resultado de los referendos debería obligar también a los vecinos de Bolivia (en particular a Brasil, pero también a Chile y Argentina) a hacer todo lo mucho que están en condiciones de hacer para ayudar a que un gobierno tan plenamente soberano como el de Morales pueda terminar de deshacer el nudo del atraso, que también puede identificarse bajo los nombres del despegue energético y del fin de la mediterraneidad.
* Cocoordinador, Programa de Política Internacional, Laboratorio de Políticas Públicas.
Mañana comenzará el primer Juicio en Tucumán desde el genocidio: Bussi y Menéndez al banquillo
Artepolítica Hubo una vez en que el peronismo fue el hecho maldito del país burgués. En esa época, sus políticas populistas y distribucionistas y la entrega de derechos sociales y políticos a las clases trabajadoras (sobre todo el derecho a la actividad gremial, la madre pecadora de todo mal), sumados a un discurso anti-sistema, hicieron del peronismo la bestia hereje, el demonio que debía ser exorcizado a toda costa.
Hablamos de un momento histórico en el cual las clases propietarias veían en el peronismo el mecanismo que había permitido que las clases populares se soliviantaran y los miraran de frente, que se resquebrajara el orden social en donde unos mandan y otros obedecen; veían en él, en fin, a un movimiento que quiso alterar el orden natural de las cosas, como diría Claudio Escribano.
(Lo curioso, lo que no se alcanza a explicar, es que Perón se veía a sí mismo como garante de un orden social, tal vez más justo, pero no menos jerárquico. Nunca pudo explicarle a la UIA o la SRA que él se veía como su socio, no su enemigo. Porque en último término, el peronismo fue una fuerza conservadora, no revolucionaria. Sobre esto, una hipótesis: en el capitalismo periférico, importa más la mantención de un sistema de jerarquías sociales materiales y simbólicas que la pura tasa de ganancia.)
Así, durante treinta años la principal preocupación de los grupos propietarios (rurales y empresarios por igual) fue desarmar el dispositivo de poder populista, minar o prohibir su base electoral y, sobre todo, desarmar su “columna vertebral” sindical.
Lo fascinante es que en los noventa, y gracias a Carlos Menem, esto cambió. Menem, luego de ganar una elección con toda la retórica y el mensaje populista, tomó el dispositivo de poder peronista (la capacidad de ganar elecciones, la maquinaria “clientelar”, las roscas con los gobernadores, la disciplina legislativa, la verticalidad sindical) y las puso al servicio de la acumulación capitalista.
Es decir, el peronismo neoliberal (llamado por algunos neopopulismo) dejó de ser el hereje para ser el garante del orden, hoy lo que hoy la literatura llama eufemísticamente “la gobernabilidad.”
Hoy por hoy, podemos ver que los noventa fue en un sentido la edad de oro de la acumulación económica: una época en que un partido de masas, movilizante, fuerte, disciplinante, no actuaba en contra sino a favor de los negocios.
Y hoy vemos que hay muchos que sienten nostalgia de esta matriz económico-política.
Los representantes de los negocios hoy no quieren eliminar el peronismo, quieren volver a tenerlo como herramienta.
(Lo cual nos deja una pregunta acuciante. Si el gobierno kirchnerista no ha alterado las relaciones de fuerzas, ha redistribuido de manera limitada, y ha gobernado en alianza con grupos concentrados, si es, de hecho, es un que no plantea ninguna alternativa a la acumulación capitalista, ¿por qué, entonces, ha sido tan frontal y duramente atacado por esos mismos factores de poder? ¿Qué es lo hereje del kirchnerismo?)
Por eso, la crisis política hoy es, en el fondo, una pelea por el control de esa herramienta que es el PJ. No es el intento de superar ni de destruir al PJ, sino el intento de volver a armar la fórmula neoliberal que tan bien funcionó.
Por esto, la salida a la crisis no será nunca a través del republicanismo de Carrió o la socialdemocracia binnerista. Será a través de una nueva reconfiguración pejotista, encabezada por alguno de los delfines del duhaldismo renacido: De La Sota, Reutemann, Schiaretti. Gente que puede gobernar, que entiende cómo son las cosas, que se presentan como pragmáticos antes que ideológicos. Gente que es activamente impulsada por empresarios, ruralista, y medios.
En definitiva, esta lucha es una lucha por ver quién se queda con el peronismo, ese que, en otro momento, fue el hecho maldito del país burgués.
Pagina 12EL SINDICATO LUZ Y FUERZA DENUNCIO APREMIOS ILEGALES EN CORDOBA
Los gremios se movilizaron en repudio a la reforma previsional y a la represión que sufrieron el miércoles. El plan de lucha continuará con cortes de ruta pidiendo la derogación de la ley. Denuncia gremial ante la Justicia por el manejo de la Caja Jubilatoria.
El sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba denunció que durante la represión del martes integrantes del gremio fueron llevados por la policía al interior de la Legislatura, donde “los esposaron, los molieron a patadas y les martillaron armas en la cabeza”. Uno de los agredidos fue el hijo del secretario general del LyF, Juan Leyría. El joven debió ser internado en un centro médico de la capital provincial, donde le hicieron estudios por los golpes que recibió en la cabeza. El sindicato hizo una nueva marcha a la Legislatura para repudiar la quita en las jubilaciones, lugar en el cual volvió a haber escarceos con los policías. Mañana arrancan con los cortes de ruta para pedir la derogación de la ley.
Los incidentes, de menores proporciones que los del martes, volvieron a ocurrir en las cuadras que rodean el edificio del Parlamento, cuando los manifestantes lanzaron piedras y bombas de estruendo contra la guardia policial y fueron reprimidos con balas de goma. También hubo una ruidosa manifestación frente a la sede alternativa que el gobierno provincial tiene en la ciudad de Río Cuarto, en cuyo interior el gobernador Juan Schiaretti mantenía su habitual reunión mensual de gabinete.
Al volver a la capital, el mandatario tuvo su primer encuentro con la prensa tras la sanción del ajuste. En él convocó a los gremios a dialogar e insistió en que la responsabilidad por la crisis la tiene el gobierno nacional. El mandatario aseguró incluso que si la Anses envía los fondos que reclama, enviará un proyecto al Parlamento para derogar la emergencia previsional (ver aparte). La reforma aplicó una quita de entre el 22 y 27 por ciento a las jubilaciones mayores de 5 mil pesos y puso en marcha un nuevo sistema para calcular el monto de las futuras. Los estatales cobraban hasta ahora el 82 por ciento de un promedio sobre el último año trabajado, pero con las modificaciones a la ley ese promedio se calculará en base a los últimos cuatro años, lo que reducirá los haberes. Con la nueva ley, los estatales perderán también otros derechos, ya que se modificó por ejemplo el modo de computar los aportes extras a los treinta años. Los apremios contra los manifestantes serán denunciados penalmente, según anticipó Leyría. El dirigente detalló que la golpiza fue propinada en la Alcaidía de la Legislatura; “la policía golpeó ferozmente a los compañeros, hasta les martillaron la pistola varias veces a cada uno de los demorados”. En ese marco contó que a su hijo “le pegaron en la cabeza”.
Una acusación de Schiaretti que no tuvo confirmación fue la de que en los disturbios habían participado grupos de “infiltrados” enviados desde Buenos Aires por el kirchnerismo. Algunos funcionarios de su gestión incluso hicieron nombres y señalaron a Luis D’Elía y Hugo Moyano como quienes habrían enviado algún colectivo con manifestantes. Sin embargo, el jefe de la Policía de Córdoba, Alejo Paredes, señaló que hasta el momento no tienen nada concreto sobre el tema. “Había un rumor, pero no pudimos corroborarlo. Hasta el momento no tenemos elementos de prueba de que tengamos infiltrados de otras provincias”, dijo el comisario. También desde los sindicatos se desmintió la posibilidad: “No vimos ningún infiltrado”, sostuvo Santiago Clavijo, de Luz y Fuerza.
Como parte de las acciones gremiales en contra del ajuste, los sindicatos que nuclean a los trabajadores del Estado presentarán ante la Justicia recursos de amparo denunciando la “inconstitucionalidad” del recorte, que afecta derechos adquiridos. Ayer realizaron además una denuncia penal contra los funcionarios a cargo de la Caja de Jubilaciones desde el 2004 hasta la fecha, a quienes acusaron de administración fraudulenta ante la Fiscalía Anticorrupción.
La denuncia, que abarca los tres últimos años de gestión de José Manuel de la Sota y la actual de Juan Schiaretti, señala que los funcionarios no presentaron jamás un balance de la Caja y desviaron el fondo complementario. Ese fondo es un aporte extraordinario del 7 por ciento que debieron resguardar en una cuenta especial pero que según los gremios “lo despilfarraron en gastos corrientes”.
A partir de mañana los estatales realizarán cortes de ruta en la localidad de Sinsacate, punto donde durante el lockout agrario los ruralistas instalaron uno de sus piquetes, con el apoyo y la protección de Schiaretti. Los gremios quieren marcar que este respaldo a los intereses sojeros, y su contraste con la quita a los jubilados, es un factor que agravó el mal clima social en la provincia. Con el plan de lucha los estatales apuntan a que la ley aprobada el martes sea derogada, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
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